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https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/20.500.12098/153

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    Manual para la evaluación de programas de desarrollo rural.
    (Universidad Autónoma Chapingo, 2002) Santoyo Cortés, Vinicio Horacio ; Ramírez Moreno, Pedro Pablo ; Suvedi, Murari
    Como una de las actividades importantes de su diseño operativo, los tres programas de desarrollo rural, –el Programa de Capacitación y Extensión (PCE), el Programa de Equipamiento Rural, actualmente Programa de Apoyos al Desarrollo Rural (PADER) y el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT)–, aplican, desde 1996, la evaluación externa. La evaluación externa de estos programas se ha realizado a partir de un esfuerzo por diseñar los marcos teóricos y metodológicos guía, esfuerzos que han significado involucrar a diversas instituciones de educación agrícola superior, estatales y nacionales, así como a despachos o agencias profesionales privados, lo cual ha sido de gran importancia, debido a que los profesionistas que participan en las evaluaciones provienen de disciplinas distintas, con diferentes grados de experiencia en el sector agropecuario y generalmente sin la formación conceptual y metodológica mínima básica para acometer la evaluación de programas. Un síntoma de esta situación son las dificultades que se han tenido para: Homogeneizar conceptos básicos en los equipos de trabajo Manejar eficientemente los objetivos de las evaluaciones Distinguir a los diversos usuarios potenciales de los resultados de las evaluaciones Poder llegar a conclusiones y recomendaciones relevantes Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para utilizar información, entre otras cosas A pesar de deficiencias que han presentado las evaluaciones, indudablemente han ofrecido resultados útiles para mejorar los programas, de tal forma que a partir de 1998 se dispuso que todos los programas de la Alianza para el Campo deberían ser sometidos a una evaluación externa anual, y así, desde 2001, prácticamente todos los programas de subsidio con recursos federales incluyen esta práctica. El desafío actual es el afianzamiento de una cultura de evaluación, mediante la formación de profesionales capacitados para desarrollar este tipo de estudios y de autoridades capaces de utilizar sus resultados. El presente manual responde a este reto, ofreciendo un enfoque de evaluación orientada a su uso como una manera de contribuir a la efectividad de largo plazo de los programas y de mejorar el proceso de toma de decisiones.
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    El mercado de los fertilizantes en México a finales del siglo XX.
    (Universidad Autónoma Chapingo, 2002) Ávila Dorantes, José Antonio ; Santoyo Cortés, Vinicio Horacio ; Turrent Fernández, Antonio
    En el periodo 1991-1992 el gobierno federal vendió a la iniciativa privada los complejos industriales de fertilizantes que hasta entonces formaban el monopolio estatal Fertilizantes Mexicanos, S.A. (FERTIMEX). Puso también en venta la infraestructura y los inventarios de existencia del producto para su comercialización. De esta manera, diferentes inversionistas y algunos sindicatos de la industria petroquímica se convirtieron en los nuevos empresarios fabricantes de los fertilizantes. A su vez, nuevos y antiguos empresarios (que actuaban como distribuidores en tiempos de FERTIMEX), nuevas o antiguas asociaciones de agricultores (que también fungían como intermediarios), invirtieron en la adquisición de bodegas e inventarios y se convirtieron en distribuidores independientes de fertilizantes. Mientras, el Estado continuó con su política de finanzas públicas sanas y de impulso a la economía de mercado, por lo cual retiró los apoyos a la agricultura otorgados a través de precios, tasas de interés y diferentes tipos de subsidios, e impulsó medidas para hacer más eficiente a la agricultura, como el otorgamiento del crédito más selectivo. Por su parte los agricultores resintieron estos cambios, porque representaron para ellos una disminución en sus ingresos reales. En el ámbito internacional, el gobierno federal en turno promovió la apertura comercial, por lo cual desgravó la mayoría de los productos importados y eliminó buena parte de los permisos de importación y para fines de 1993, firmó el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con sus socios comerciales: Estados Unidos de América del Norte (EE.UU.) y Canadá.
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    Mercados e instituciones financieras rurales. Una nueva arquitectura financiera rural para México.
    (Universidad Autónoma Chapingo, 2002) Muñoz Rodríguez, Manrrubio ; Santoyo Cortés, V. Horacio ; Altamirano Cárdenas, J. Reyes
    En 1910, un estudioso del medio rural mexicano de nombre Alberto García Granados señalaba: “… nuestros bancos actuales y los que en lo adelante se constituyan sobre la base del capital, facilitarán a nuestros hacendados grandes y pequeños, en condiciones mas o menos favorables, los fondos necesarios para sus explotaciones rurales; pero esos capitales no llegarán a fecundar los pequeños campos de nuestros humildes labradores, en tanto que ellos no se organicen en agrupaciones mutualistas. Para ello propongo extender gradualmente una inmensa red de asociaciones mutualistas que, agrupada al derredor de los bancos regionales, vendrían a ser la base fundamental de nuestro crédito agrícola. Y mediante un poco de buena voluntad de parte de los poderes públicos, y algo de actividad de parte de las agrupaciones agrícolas, la obra podría realizarse dentro de un plazo más corto de lo que nos podemos imaginar”. Por su parte, en 1962 un investigador extranjero de nombre T.S. Rao fue enviado por el banco central de su país a estudiar el sistema de crédito agrícola prevaleciente en México. Concluyó su informe afirmando que en nuestro país: “El énfasis se pone en el cultivo, los calendarios de operaciones y la producción para la cual se presta, mientras que [en su país] el énfasis se da principalmente en el agricultor, en su situación económica, en lo que necesita para producir cosechas y para otros fines, y en su mejoramiento económico. Hay en México menos preocupación por el problema de ayudar al agricultor, de levantarlo y de construir un sistema agrícola fuerte y sano, basado en agricultores que sean dueños y administradores, y por tanto, se pone menos empeño en el cooperativismo. Se supone que el agricultor en muy pequeña escala no tiene ni tendrá nunca una buena perspectiva económica, que nada podrá ahorrar ni aportar capital a la estructura financiera, y que tanto el ejidatario como el pequeño propietario requieren una estrecha vigilancia en la utilización de los préstamos. También se pone menos empeño en coordinar las diversas instituciones, y parece haber un considerable traslape o duplicación de actividades entre instituciones. Hay una laguna notable que consiste en la oferta de créditos a plazos largos. El costo del crédito es también elevado, tanto porque los tipos corrientes de interés son altos como otros gastos tales como los de inspección, etc.; y es bien considerable el grado en el que el Gobierno da subsidios en diferentes formas: para gastos administrativos, para resarcir pérdidas, para seguros agrícolas, para compras a precios de garantía, para la distribución de tierras y para el seguro social de los campesinos y trabajadores rurales. Otros gobiernos que no tienen una situación presupuestaria tan desahogada, encontrarían difícil hacer frente a los gastos que implican tantos subsidios”. En resumen, … “el enfoque cooperativista, la estructura descentralizada, la clara demarcación de funciones entre las diversas instituciones, la coordinación entre éstas y las dependencias de gobierno, la existencia de un plan definido de mejoramiento, los arreglos para la preparación de personal y el énfasis a la autonomía, son características ausentes en el caso mexicano”.
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    El suministro de agua potable en México: una alternativa para financiarlo y optimizar el uso del recurso.
    (Universidad Autónoma Chapingo, 2002) Montesillo Cedillo, José Luis
    El servicio de agua potable es una demanda permanente de la población del país, que para satisfacerla, dedican esfuerzos considerables los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–. Sin embargo, existe a la fecha un importante rezago, pues a diciembre de 1997 tan sólo el 85.84% de la población total (94,277,629) contaba con dicho servicio. En las zonas urbanas (localidades mayores a 2,500 habitantes) la cobertura del servicio de agua potable alcanzó al 93.9% de la población, y en las zonas rurales (localidades menores a 2,500 habitantes) a sólo el 63.5%.1 Por otro lado, para el año 2000 se espera dotar del servicio a 10.3 millones de habitantes más, con lo cual la cobertura promedio a nivel nacional será del 87.5%.2 Pero si se quiere aumentar la cobertura, y mantener la infraestructura existente operando y en buen estado, es necesario contar con los recursos financieros necesarios, los que difícilmente se podrán obtener de las tarifas que los organismos operadores cobran actualmente por prestar el servicio. Las tarifas que cobran los organismos operadores “... generalmente son bajas e insuficientes para que los servicios sean de buena calidad...”3 por lo que se requieren aumentos de éstas, que van desde el 5 hasta el 80% en algunos casos. Ahora, si a esto le aunamos que el 44% de las localidades rurales se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema y, por tanto, no cuentan con los recursos para tener acceso al servicio de agua potable,4 es claro que estamos ante un problema que requiere atención inmediata y, sobre todo, de propuestas de solución viables en el corto plazo. Por todo lo anterior, teniendo como objeto de estudio los organismos operadores, en lo que al servicio de agua potable se refiere, se realizó el trabajo de investigación, origen de la presente obra, el cual se desarrolló de acuerdo con los objetivos e hipótesis.